Impactante noticia la que protagonizó la semana pasada, en plena crisis económica, el juez Baltasar Garzón, la gran estrella de la Justicia Universal del Estado de Derecho de España:
Garzón está dispuesto a identificar a los «desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936 como consecuencia directa del denominado Alzamiento Nacional, la Guerra Civil y la posguerra bajo mandato del nuevo régimen franquista».
Como ha informado oportunamente algún medio impreso, el régimen franquista, por iniciativa del propio dictador, también ordenó la Causa General para «catalogar y denunciar los delitos cometidos por los partidarios de la República», en 1940.
Sesenta y ocho años después, ¿quién se acordaba ya de los homenajes del Generalísimo a los caídos?
La clase política del régimen de la socialdemocracia coronada que el año pasado aprobó la Ley de la Memoria Histórica, «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura».
Con el impulso de la investigación penal que inicia Garzón, conseguirán elaborar un listado con todos los nombres de las personas enterradas en el Valle de los Caídos, las sepultadas en fosas comunes y los muertos en combate en aquella contienda, para formar un ejército de difuntos que gane, por fin, la guerra perdida. Con la victoria moral y judicial, el pasado les pertenecerá para siempre.
Y es que en la ficción jurídica del denominado «Estado de Derecho» que vivimos todo es posible.
No hay más que repasar las noticias que se produjeron poco antes, en el mes de agosto, el mes en el que salió en libertad el asesino convicto y confeso Juana Chaos, el asesino que mató a veinticinco personas y apenas llegó a cumplir ocho meses por cada asesinato que cometió. Y al que ya habían rehabilitado como persona cuando declaró estar «a favor del proceso de paz».
El mes en el que también se concedió un permiso para salir de la cárcel a la racista asesina Elena Beloki, con unos pocos meses cumplidos, para que pudiese seguir un tratamiento de fertilidad. Al parecer, se pretendía con ello garantizar «unas condiciones psicológicas adecuadas» a la individua que ha dedicado gran parte de su vida a sembrar el miedo entre la población no nacionalista como destacada «miembra» dirigente de la organización terrorista filonazi vasca.
Hay que citar de paso, aunque parezca pintoresco comparado con los casos anteriores, el permiso de cuatro días concedido al «chorizo» leguleyo Rodríguez Menéndez, entre cuyos delitos en su haber alguno guarda relación con las cloacas de Interior de hace unos años. A Rodríguez le conceden el permiso por razones de «arraigo familiar». Lo aprovecha para largarse con viento fresco, no sin antes tramitar su pasaporte como cualquier honrado ciudadano.
Es lo que ocurre en el país con el sistema penal y jurídico más vanguardista de los países del mundo mundial considerados de Estado de Derecho.
Algunas de las víctimas de Juana Chaos decían el pasado dos de agosto, en una cita de protesta, que se sentían recluidas en una cárcel invisible con sentimientos de «ahogo», de «tener los pies y las manos atados», de llevar encima una «condena perpetua de dolor y rabia»El Mundo, 3 de agosto de 2008). (
Una de ellas también dijo: «Si esto es la democracia, ¡vaya mierda de democracia!»
Pues eso.
